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Lo acontecido en el inicio de la jornada del pasado miércoles en el Challenger Cali 2026, donde los jueces de línea se negaron a prestar sus servicios debido a los pagos atrasados por la labor desempeñada en el WTA 125 Barranquilla, a comienzos de septiembre, dejó en evidencia no solo un grave incumplimiento por parte de la empresa organizadora, sino también la poca empatía de algunos tenistas colombianos frente a una situación que, en realidad, debería generar preocupación y solidaridad.
Tan solo basta con revisar algunos de los comentarios publicados en la cuenta de Instagram de Match Tenis, a propósito de nuestra información, para encontrar opiniones que prácticamente defienden el accionar de los organizadores bajo el argumento de que gracias a ellos se realizan torneos de la categoría ATP Challenger Tour en Colombia. Este pensamiento, además de desconocer la problemática de fondo, es falsa, pues a finales de noviembre está previsto otro torneo de esta categoría en Bogotá, bajo la dirección de un promotor diferente.
Se entiende la preocupación de los deportistas por las posibles repercusiones que una situación como esta pueda tener a futuro. En 2026, los torneos Challenger han representado la única posibilidad para competir en casa, ante la ausencia de certámenes del Circuito World Tennis Tour en el país y la incertidumbre sobre la realización de nuevas competencias de esta naturaleza en lo que resta del año. Pero una cosa no puede justificar la otra. El sol no se puede tapar con un dedo, y las necesidades de quienes trabajan detrás de escena no pueden convertirse en un asunto secundario simplemente porque los jugadores necesitan torneos para competir.
Los tenistas son los principales protagonistas de los torneos y quienes se llevan las primeras planas de los medios de comunicación. Sin embargo, para que ellos puedan salir a una cancha, competir y posteriormente recibir esa atención, existe un enorme equipo de personas que trabaja lejos de los reflectores: recogepelotas, jueces de línea, personal de mantenimiento, equipo médico, fisioterapeutas, personal de comunicaciones, encordadores y muchos otros. Son protagonistas invisibles que también entregan tiempo, esfuerzo y profesionalismo para que un torneo pueda desarrollarse.
Por eso resulta inadmisible que quienes cumplen con su trabajo tengan que reclamar, insistir y, en algunos casos, prácticamente mendigar para recibir el dinero que les corresponde. No se trata de un favor, de una colaboración ni de un gesto de buena voluntad. Se trata del pago por un servicio prestado.
Lo sucedido en Cali fue, en ese sentido, la crónica de una muerte anunciada. No fue la primera ocasión en la que la empresa encargada de estos eventos se ve cuestionada por retrasos en sus pagos y, ciertamente no sería la última -ojalá lo sea-, de no haber estallado este escándalo. De hecho, después de la publicación realizada por Match Tenis en Instagram, recogepelotas y personal de fisioterapia que trabajaron en el WTA 125 Barranquilla también manifestaron el retraso por el pago de sus servicios.
Y aquí hay que hacer una precisión importante: los jugadores no son responsables de los incumplimientos económicos de una empresa organizadora. Tampoco tienen por qué cargar con las consecuencias de una situación que no provocaron. Pero eso no significa que deban mirar hacia otro lado cuando quienes hacen posible sus torneos están reclamando por algo tan básico como recibir el pago por su trabajo.
El tenis colombiano necesita más torneos, más inversión y más oportunidades para sus jugadores. Pero también necesita aprender a construir una industria en la que todos los eslabones de la cadena sean respetados. De poco sirve hablar de crecimiento, desarrollo y profesionalización del deporte si quienes están detrás de la cancha tienen que llegar al extremo de suspender sus labores para reclamar por sus honorarios.
La responsabilidad directa por los pagos pendientes recae en quien contrató esos servicios y asumió la obligación de remunerarlos. Y si existen dificultades económicas, estas deben ser asumidas y comunicadas de manera transparente, no trasladadas silenciosamente a trabajadores que, en muchos casos, dependen de esos ingresos.
Lo ocurrido en Cali no debería convertirse en una pelea entre jugadores, organizadores, jueces o medios de comunicación. Debería convertirse en una oportunidad para hacer una pregunta mucho más incómoda: ¿qué clase de industria del tenis queremos construir?
Porque si queremos un tenis colombiano verdaderamente profesional, el profesionalismo no puede empezar y terminar en los jugadores. También debe existir en la manera en que se contrata, se organiza y, sobre todo, se les paga a quienes hacen posible que el espectáculo continúe.
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