La Procuraduría General de la Nación sancionó, en fallo de primera instancia, a cinco exfuncionarios y contratistas del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander (Indersantander) por irregularidades en un contrato destinado a la adquisición de implementos deportivos, entre ellos raquetas y pelotas de tenis, cuyos precios generaron cuestionamientos por posibles sobrecostos.
Los castigados son la exasesora jurídica Mayra Alejandra Téllez Romero por 15 años, el exdirector de Indersantander Pedro Belén Carrillo Cárdenas por 10 años, los profesionales universitarios Ramiro Andrés Pabón Martínez y Raúl Enrique Rodríguez Torres por 9 años, y el también profesional universitario Miguel Ángel Remolina Muñoz por 8 años, quienes por esos lapsos quedan inhabilitados de cualquier cargo público, según informó Vanguardia Liberal en su web site el pasado jueves 30 de julio.
La investigación disciplinaria se originó tras evidenciarse que algunos de los elementos adquiridos presentaban valores significativamente superiores a los del mercado. Entre los hallazgos más relevantes figura la compra de raquetas de tenis por cerca de cuatro millones de pesos cada una y pelotas de tenis por aproximadamente 260.000 pesos la unidad (tarro), cifras que despertaron alertas sobre la correcta utilización de los recursos públicos.
De acuerdo con la Procuraduría, durante el proceso contractual se habrían presentado deficiencias en la planeación, la elaboración de los estudios previos, la determinación de los precios de referencia y la supervisión del contrato. Estas irregularidades llevaron al organismo de control a concluir, en primera instancia, que existieron incumplimientos en los deberes funcionales de varios de los involucrados.
El caso tuvo origen en mayo de 2022, cuando se conocieron denuncias relacionadas con el valor de los implementos deportivos adquiridos por la entidad. A partir de entonces, los organismos de control iniciaron las respectivas investigaciones para establecer si los recursos públicos fueron administrados conforme a los principios de economía, transparencia y responsabilidad.
Las sanciones impuestas corresponden a un fallo de primera instancia, por lo que los disciplinados aún pueden ejercer los recursos previstos por la ley antes de que la decisión quede en firme.
Este proceso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos de planeación y control en la contratación pública, especialmente cuando se trata de la adquisición de bienes financiados con recursos del Estado. Los organismos de vigilancia han reiterado que la adecuada elaboración de estudios de mercado y la supervisión permanente de los contratos son herramientas fundamentales para prevenir sobrecostos y proteger el patrimonio público.
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